Defensa Jurídica del Estado evita condena a la Nación por más de $223 mil millones en el caso de la minera Vale Coal Colombia
- La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE- intervino en el proceso que culminó con un fallo del Consejo de Estado a favor de la Nación en el caso Vale Coal Colombia.
- Es un precedente significativo en el cumplimiento de las condiciones para licencias ambientales y la mitigación de los impactos sociales.
Bogotá, 11 de agosto de 2025. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE- logró que el Consejo de Estado confirmara un fallo judicial del 19 de junio de 2025, que evitó a la Nación el pago de más de $223.247 millones de pesos en el proceso iniciado por la minera Vale Coal Colombia.
El alto tribunal confirmó la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2023, y negó las pretensiones de la demanda, respaldando las resoluciones emitidas en 2010 por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las cuales obligaban a varias empresas mineras —entre ellas Vale Coal Colombia Ltda., antes Emcarbón S.A.— a participar en el reasentamiento de comunidades afectadas por la explotación de carbón en el departamento del Cesar.
“La Agencia logró demostrar de manera fehaciente que los actos administrativos demandados no solo se ajustaban a la legalidad, sino que eran una manifestación legítima del poder de policía ambiental del Estado", señaló César Palomino Cortés, director general de la ANDJE.
La empresa demandante alegaba que el Ministerio había excedido sus facultades al imponer obligaciones de reasentamiento a particulares y cuestionaba la existencia de pruebas técnicas que sustentaran la medida. Sin embargo, tanto el Tribunal como el Consejo de Estado concluyeron que dicha obligación estaba prevista desde el inicio en la licencia ambiental otorgada a la compañía.
En su decisión, el Consejo de Estado recalcó que la disposición ministerial fue legítima y proporcional, en defensa del interés general y la salud pública, al proteger a las comunidades expuestas a los impactos de la actividad minera.
“Esta victoria judicial representa un precedente significativo, reafirmando la responsabilidad ineludible de las empresas en el cumplimiento de las condiciones ambientales de sus licencias y en la mitigación de los impactos sociales que puedan generar sus operaciones", puntualizó el director general de la ANDJE.
